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Alternativas económicas feministas

Introducción

La preocupación de las feministas por el examen de género en la economía es relativamente reciente. En los 70 y particularmente en los 80, se empezó a analizar el impacto diferencial de las políticas económicas en varones y mujeres. Esta tendencia se fortaleció en los 90, con las evaluaciones de las Políticas de Ajuste Estructural.

Progresivamente, los análisis se fueron complejizando: ya no sólo se trataba de ver los impactos de las políticas, es decir por ej.,cómo hombres y mujeres, con inserciones diferentes en el mercado de trabajo, se veían afectados o beneficiados también de manera diferente por la apertura comercial.

También se comenzó a poner en evidencia la incidencia de las construcciones de género sobre la macroeconomía, es decir cómo las construcciones de género permitían viabilizar o condicionar el modelo.

Por ejemplo, la reproducción social que realizan las mujeres en sus casas y comunidades sostiene el funcionamiento del mercado, aún cuando el mercado no le de valor al trabajo reproductivo y ni siquiera lo considere trabajo. Del mismo modo, los recortes de los servicios sociales del estado no podrían sostenerse, o se sostendrían de una manera mucho más penosa todavía para amplias capas de la población, si no fuera por las actividades que realizan las mujeres para el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos, y que desde una perspectiva feminista se denomina la “economía del cuidado”.

Lo que en forma genérica se denomina economía feminista, es una corriente no homogénea, ni mucho menos estructurada de pensamiento dentro de la economía, que ha tomado un gran dinamismo en materia de análisis y producción teórica. En términos generales incorpora el género como categoría de análisis y devela la ceguera con que se ha trabajado al respecto en los distintos niveles de la economía. Poder reconocer y hacer visible las relaciones entre economía y género es un aporte sumamente valioso para otros campos de pensamiento y del activismo, que las feministas tenemos que aprovechar.

A este respecto, hemos asumido por lo menos tres cometidos. El primero, es la actitud crítica y de denuncia sobre la ceguera de género en las decisiones económicas en programas y políticas gubernamentales en distintos niveles.

El nivel microeconómico

La ceguera al género está presente en el nivel de la microeconomía y tiene incidencias sustanciales a la hora de formular programas de gobierno.

Uno de esos casos son los programas de microcrédito que se han multiplicado y ampliado en las últimas décadas, particularmente en los noventa, como una medida compensatoria del empobrecimiento de amplios sectores de la población que vive en situación de pobreza, resultado de la implementación de políticas macroeconómicas diseñadas dentro de la concepción neoliberal.

Las mujeres son protagonistas y principales destinatarias de los programas de microcrédito, que se supone compensan las inequidades del mercado formal y abre nuevas oportunidades para ellas y para el bienestar de sus familias.

El discurso explícito es que el tener acceso al crédito eleva la autoestima de las mujeres y las coloca en una posición más igualitaria en su familia y la comunidad. Pero vale la pena revisar los supuestos subyacentes que se encuentran por detrás de estos propósitos.

Uno de los supuestos más extendidos de los programas de microcrédito es que deben tener sustentabilidad financiera, es decir que sea posible mantener un fondo permanente capaz de seguir renovando el caudal de créditos sin tener que recurrir a fondos externos y que pueda cubrir sus costos de operación.

Esta necesidad de sustentabilidad conduce a adoptar tasas de interés a valor de mercado o aún muy superiores. Con el mismo criterio, se elige a las mujeres como principales destinatarias, basado en la evidencia en todo el mundo de que son más confiables y mejores pagadoras.

Este enfoque suele complementarse con la perspectiva del alivio a la pobreza. El discurso revaloriza el rol de la mujer para proveer el bienestar de la familia y se supone que este logro la beneficiará también a ella. La integración en grupos solidarios cuyos miembros van a funcionar entre sí como garantes, va a contribuir en este proceso y a redundar en su empoderamiento.

Pero esta perspectiva encubre diversas falacias

En primer lugar, los programas en su formulación limitan el término género a la participación o el acceso de las mujeres, sin incorporar ningún enfoque crítico sobre las construcciones sociales de lo femenino y lo masculino ni las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres. Sin embargo, diversos estudios han puesto en evidencia que en algunos casos son los hombres los que deciden sobre el destino que se dará al crédito, e inclusive lo usan en su propio beneficio, mientras las mujeres deben procurar el dinero para devolverlo. Por lo tanto es dudoso que exista una relación automática entre el acceso al crédito y el empoderamiento de las mujeres que favorezca relaciones de poder más balanceadas.

Por otro lado, se utiliza a las mujeres como canales de satisfacción de las necesidades de la familia, desconociendo sus propias necesidades, la carga del trabajo reproductivo que limita muchas veces su actividad productiva o conduce a duplicar la jornada laboral, con niveles de autoexplotación importantes.

Los programas de microcrédito pueden ser una gran ayuda para muchas mujeres que están encarando una actividad productiva, pero requieren para su implementación medidas que tiendan al empoderamiento real, que propicien relaciones de poder más equitativas en la familia y una distribución mejor balanceada del uso del tiempo, de la carga de las tareas domésticas y de las tareas de cuidado. Para esto es necesario acompañar los créditos con programas de capacitación, que incluyan capacitación de género.

Es necesario hacer un seguimiento de las políticas en el nivel microeconómico, estar atentas a las implicancias de género que tienen y el tipo de enfoque que priorizan. Además, cualquier programa de apoyo en el nivel micro está destinado al fracaso si al mismo tiempo no se garantizan medidas que favorezcan un entorno productivo favorable, esto es marcos regulatorios, promoción de la asociatividad, provisión de servicios empresariales, etc. y en general, medidas que ayuden a romper el aislamiento y respalden la actividad emprendedora.

El nivel de la macroeconomía desde la perspectiva de genero
Y qué pasa con la ceguera de género en el nivel macroeconómico?

América Latina atraviesa problemas que no son nuevos, pero que la implementación de las políticas neoliberales agudizaron de manera vertiginosa en los últimos años.

Uno de ellos, es la crisis del trabajo remunerado, que arroja a grandes proporciones de población al desempleo y la exclusión por un lado, y a otro importante contingente lo lleva a soportar empleos flexibles, precarios y mal pagados.

Pese a estos cambios profundos, todavía persiste un patrón ideal del “hombre proveedor” del sustento de su familia, con trabajo a tiempo completo, durante la mayor parte de su vida, sujeto de derechos de beneficios sociales extensibles a su familia, además del ingreso. Las mujeres son responsables de las tareas reproductivas, no remuneradas y por tanto, no sujetas de protección social. Si participan del mercado de trabajo, lo hacen como trabajadoras secundarias, con salarios complementarios, siempre inferiores a los de los hombres.

Este modelo ideal nada tiene que ver con las prácticas reales, donde el trabajo asalariado es cada vez más informal y flexible, sin protección social. Y donde en muchos casos las principales proveedoras del hogar son las mujeres, que se ven doblemente perjudicadas: como supuestas trabajadoras secundarias, con condiciones más precarias y menores salarios en el trabajo remunerado, y con una carga creciente de trabajo no remunerado en la medida que el estado recorta sus programas sociales.

Otra de las realidades que adquiere una dinámica explosiva en la globalización en curso, es la de las migraciones. La literatura de los últimos años señala el incremento notable de las mujeres en los procesos migratorios, generando lo que se llama la “feminización de la supervivencia”. Hay que señalar que el monto de las remesas monetarias que envían los y las migrantes a sus países de origen tuvo un crecimiento exponencial. En América Latina, en el 2003 las remesas representaron un valor superior a la suma de la inversión extranjera directa más la ayuda para el desarrollo juntas y en muchos países constituyen hoy el principal contenedor de la pobreza.

A pesar de su envergadura, la circulación de la mano de obra y de los reditúos del trabajo se dan en su mayoría en condiciones de ilegalidad, informalidad y explotación y permanecen en general invisibilizados en los análisis económicos. Consecuentemente, tampoco se integra en estas temáticas una perspectiva de género.

El otro factor contundente que moldea el actual escenario en América Latina es la pobreza. Desde 1997 los niveles de pobreza están estancados en la región y en los últimos años se evidencian pequeños incrementos de pobreza e indigencia.

Las mujeres son mayoría en los hogares pobres de prácticamente todos los países de la región. Las jefas de hogar (tanto en hogares pobres como no pobres) tienen salarios inferiores a los de los jefes varones.

Pero además, en las situaciones de pobreza las mujeres se ven particularmente afectadas. A partir de su responsabilidad en el trabajo reproductivo, se ven forzadas a buscar formas innovadoras de ahorro, muchas veces reemplazando bienes que no pueden comprar en el mercado a costa de su propio trabajo no remunerado. Esto repercute negativamente en sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo, el desempeño en la vida pública y si tiempo para el trabajo y la recreación.

A pesar de la evidencia de las profundas implicancias de género de los principales problemas que atraviesan la región, la formulación de las políticas macroeconómicas no atiende estas especificidades y mantiene una supuesta neutralidad, en tanto parten del supuesto de que todos los agentes económicos, todos los sujetos sociales son iguales.

La macroeconomía se mantiene ciega al género y es necesario también develar y hacer visible esta ceguera.

La equidad en el centro de la agenda.

Pero además de develar la ceguera de género, también es necesario desentrañar la profunda desigualdad que conllevan las políticas neoliberales en curso. Este es un segundo cometido que hemos asumido.

Las feministas hemos planteado obstinadamente demandas de equidad, de igualdad de oportunidades, de respeto a las diferencias, a contra marcha de la historia, y sobre todo, de la historia de las últimas décadas, donde se ha puesto en evidencia las características hiperconcentradoras de las economías latinoamericanas. Y lo hicimos aún en los años que la supuesta “racionalidad” del modelo y del discurso hegemónico hacía sentir como impropia, imposible, ingenua, cualquier crítica o alternativa.

Así, planteamos que las decisiones económicas encubren un juego de intereses que tienen efectos diferenciales entre sectores sociales y entre países. No suele quedar explícito a quiénes están perjudicando y menos aún, quiénes se están beneficiando con las medidas. Se oculta el carácter ideológico de las decisiones macroeconómicas, los compromisos que asumen, las relaciones de poder que favorecen y los valores que defienden.

La dinámica social se asienta en un equilibrio inestable entre intereses contrapuestos de diferentes actores sociales. Para contener la protesta y controlar el conflicto social, el discurso hegemónico agita el peligro de que un proceso de conflictividad social puede ahuyentar las inversiones u obligar a relocalizar empresas en lugares menos conflictivos, aumentando así el desempleo y desestabilizando las economías. La volatilidad del capital ejerce un efecto de chantaje para paralizar y dejar prisioneros a sociedades y gobiernos.

La apertura de las economías tendió a debilitar a las instituciones democráticas y a la representación política, incapacitada para expresar y mediar entre los diferentes intereses en pugna. Pero inversamente, la debilidad del debate político y de la institucionalidad democrática permitió viabilizar las políticas que se profundizan en los años 90.

Las alternativas desde el feminismo.

Las feministas persistimos también en nuestra denuncia de los fundamentalismos. Y denunciamos el fundamentalismo económico que pretende asentar sus medidas en un supuesto “realismo” de carácter técnico, soslayando su carácter ideológico y sustrayéndolas del debate político. Este es nuestro tercer cometido.

En este sentido, planteamos que es necesario develar y hacer visibles los contenidos sociales y políticos que encubre la racionalidad económica.

La búsqueda de alternativas al fundamentalismo económico no puede reducirse a elaborar propuestas técnicas que funcionen como recetas universales y se apliquen en cualquier contexto. Eso sería recurrir otra vez a propuestas fundamentalistas.

Más bien, es necesario democratizar el proceso de toma de decisiones macroeconómicas, abrir un amplio debate sobre la redistribución y sus mecanismos posibles, involucrando a diversos sectores sociales. Hay que rescatar el modelo de desarrollo de las manos exclusivas de los técnicos y de las decisiones de los gobiernos. Hacer visible el conflicto social y los intereses que están por detrás de las decisiones. Es necesario situar la cuestión en la esfera de la política, incorporar el poder y las relaciones de poder entre sectores sociales y entre países, como categoría central.

También hace falta cuestionar ciertos mitos y presupuestos.

Derechos tan básicos como erradicar el hambre dependen más de la capacidad distributiva en una sociedad determinada, que de los recursos naturales y la producción de alimentos. Esto es claro en el caso de Argentina: no es concebible que pueda haber hambre en un país que produce alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de una población diez veces mayor. El acceso a recursos naturales como el agua y los alimentos debería estar sujeto al control social, para garantizarlos aún cuando no haya medios para comprarlos, porque la imposibilidad de sostener un nivel de vida digno y necesidades básicas satisfechas, constituye una violación de los derechos humanos.

El neoliberalismo ha mostrado su fracaso, está en crisis. Pero es necesario reconocer que posiblemente persistirá por mucho tiempo. Y sobre todo porque la construcción de alternativas requiere de un proceso de construcción de pensamiento crítico, involucrando de manera democrática a amplios sectores sociales y la diversidad de actores e intereses.

Esto significa trabajar en dos dimensiones:

Por un lado y en lo inmediato, incrementar la capacidad de denuncia, presión, incidencia y monitoreo de la sociedad civil en los estados y los organismos internacionales para que recuperen y aumenten su capacidad regulatoria para condicionar los flujos de inversión, para controlar a las grandes empresas y los grupos más influyentes, para equilibrar la distribución de recursos y poder entre sectores sociales, fortaleciendo y amplificando la voz de los grupos más débiles.

Por otro lado, para ir generando un contrapoder capaz de formular nuevos paradigmas que coloquen en el lugar central la equidad, los derechos humanos y la justicia social y de género.

Los desafíos que enfrentan los movimientos sociales y el movimiento de mujeres en la actual etapa, requiere identificar los recursos con que contamos.

El primero de ellos es el creciente protagonismo que estamos desarrollando las mujeres tanto en el ámbito de la economía del trabajo no remunerado como en la participación en el mercado laboral y en la esfera de la política. Esto implica sustituir una visión victimizante y despotenciada por una perspectiva de reconocimiento a las contribuciones al desarrollo económico, a la radicalización de la democracia, a la reducción de la pobreza, al manejo sostenible de los recursos naturales.

El segundo recurso proviene de las contribuciones que las economistas feministas están haciendo en términos de la relación entre economía y género, que las mujeres provenientes de otros campos y las activistas feministas podemos aprovechar para fortalecer nuestras argumentaciones y plantear alternativas.

Las mujeres de América Latina han sufrido intensamente los efectos perversos del modelo neoliberal. Hoy se abre una puerta para su replanteamiento y para posicionar la justicia social y la equidad de género como prioridades. No podemos sustraernos de la oportunidad de trabajar académicas y activistas feministas, junto a otros actores del movimiento social, para construir esta nueva agenda.

Quito, 29 de Julio de 2004

* Socióloga argentina. Integrante de la Red Internacional de Género y Comercio y la Articulación Feminista Marcosur