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Regresaron los soñadores de las chimeneas

Se vive en América Latina un nuevo "Día Mundial del Ambiente" (5 de junio) con múltiples claroscuros en el escenario ecológico y una compleja situación social y económica. Como en otros años se suceden las alertas sobre la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de los bosques amazónicos y la avalancha de basura urbana. De la misma manera, el ritual se completa con las explicaciones de los gobiernos sobre los avances que han logrado en algunos pequeños proyectos demostrativos o en nuevas leyes y reglamentos.

Pero en este año es necesario alertar sobre una tendencia que se manifiesta más allá de este juego de denuncias y réplicas. En efecto, casi todos los países de América Latina conquistaron importantes avances en la normativa ambiental, pero su aplicación y ejecución es cada vez más dificultosa. Tenemos muchas leyes y decretos, pero se aplican poco y mal. En este tira y afloje han regresado los "soñadores de las chimeneas": son aquellos que sostienen que debemos contar con más fábricas, extendidos cultivos y enormes obras de infraestructura, aduciendo que son la base del desarrollo y la respuesta más necesaria para la crisis actual. Esos soñadores afirman que no podemos darnos el "lujo" de establecer medidas ambientales porque primero necesitamos las fábricas con sus chimeneas humeantes, salir de la pobreza, y después podremos establecer medidas ambientales.

La tendencia actual no sólo se debe a los problemas propios de los gobiernos de la región, sino a una creciente complicidad gubernamental para que el marco legal no interfiera con los distintos emprendimientos productivos.

Estos "soñadores de las chimeneas" no son nuevos en América Latina. Fue una posición común desde fines de la década de 1960, teniendo su apogeo hacia 1972, cuando varios gobiernos proclamaban que la preocupación ambiental era una invención de los países industrializados para impedir el desarrollo del sur. En aquellos tiempos, por ejemplo, el gobierno militar de Brasil ensayaba su estrategia de "desarrollo a cualquier precio", alentando la colonización de la Amazonia; se desencadenó así un proceso de deforestación que sigue hasta el día de hoy aunque sin resultados productivos efectivos.

La imagen de "esperar por las chimeneas humeantes para después encargarnos del ambiente" fue utilizada por varios funcionarios gubernamentales, así como por unos cuantos militantes de la izquierda tradicional de aquellos tiempos. Estos activistas llegaban a la misma conclusión pero partían de intuir que la preocupación ambiental era una actitud esencialmente burguesa que podía distraer a las masas de la revolución.

A pesar de todo, la preocupación ambiental siguió creciendo en toda América Latina desde la década de 1970, y en especial en los años noventa cuando se logró toda una nueva generación de normas. En primer lugar muchas constituciones establecieron la calidad del ambiente como un derecho de las personas; en casi todos los países se generaron leyes marco sobre protección ambiental, sistemas de áreas protegidas y manejo de la contaminación, y como consecuencia se desencadenó una proliferación de decretos y reglamentos sobre temas ambientales. En segundo lugar, los países subscribieron diferentes tratados y convenios internacionales. Finalmente, se crearon ministerios o agencias estatales de alto nivel para encargarse de los temas ambientales.

Todos estos han sido pasos importantes. Son el resultado de años de lucha de ambientalistas y científicos, y en unos cuantos casos han logrado detener algunos emprendimientos con desastrosos impactos ambientales. Los huecos en la normativa son cada vez menos, pero los problemas ambientales persisten y en varios casos se agravan. El aprobar una nueva ley ya no significa un avance sustancial; en muchos casos basta con hacer cumplir con eficiencia las normas actuales.

En los últimos tiempos se suman las denuncias sobre el bajo cumplimiento de las normativas ambientales. Se elude la fiscalización del daño ambiental, como por ejemplo la caza furtiva, la tala ilegal o la disposición inadecuada de residuos industriales. La mayor parte de los infractores pasan desapercibidos, y cuando son descubiertos logran esquivar las sanciones legales. Incluso se suman más y más denuncias de casos de corrupción, especialmente en el medio rural con acciones como la adjudicación de permisos fraudulentos para la tala de bosques nativos.

La crisis social y económica está debilitando todavía más la aplicación de las normas. Los gobiernos reducen sus presupuestos ambientales y por lo tanto las agencias estatales de control ambiental disminuyen el número de funcionarios y su capacidad operativa; un caso temprano fue el desmembramiento del sector ambiental en el gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina. También se otorgan más y más facilidades a los emprendimientos que consideran productivos a pesar de sus impactos ambientales; las leyes nacionales de evaluación del impacto ambiental se reinterpretan o debilitan (con variados ejemplos en Bolivia o Uruguay). Cuando los resultados de la evaluación logran proteger al ambiente pero disgustan al gobierno y empresas, simplemente se remueven a las autoridades involucradas (como ha sucedido con una represa en Chile o una carretera en Panamá). Se ha llegado incluso a intentar redefinir áreas silvestres protegidas para permitir grandes obras (como ha sucedido con el trazado de gasoductos en Perú o Paraguay).

El caso más dramático del regreso de los "soñadores de chimeneas" se vive posiblemente en Brasil. Allí una buena parte del gobierno de Lula da Silva ha hecho renacer los más diversos proyectos sobre fábricas, represas, hidrovías, carreteras, transvase de agua de un río a otro, y hasta planean construir una usina nuclear. Todos ellos tienen un fuerte impacto ambiental; algunos ya habían sido postulados para la Amazonia durante el anterior gobierno de Fernando Henrique Cardoso y fueron finalmente desechados por la oposición local y sus intolerables efectos ecológicos. Hoy están de regreso, y se los defiende invocando la necesidad de emprendimientos productivos para remontar la crisis económica que vive el país. El banco estatal de fomento al desarrollo (BNDES) se ha convertido en uno de los principales "soñadores de chimeneas" insistiendo en buscar nuevas "armonías" con el área ambiental. El caso de la autorización del cultivo de soja transgénica fue además un ejemplo de cómo un gobierno se saltea sus propios requisitos de evaluación de impacto ambiental.

De alguna manera volvemos a los debates superados hace más de treinta años. Muchos se los "soñadores de chimeneas" lograron construir sus fábricas, represas y centrales nucleares, pero el balance actual demuestra que no se ha logrado superar la pobreza, detener el deterioro ambiental ni generar avances económicos consistentes. Por el contrario, enfrentamos una crisis que es social y económica, pero que además es ambiental. Un evidente ejemplo es la crisis energética en el Cono Sur que deja en evidencia la fragilidad de la base de recursos naturales para mantener el actual patrón de desarrollo.

En este "Día Mundial del Ambiente" a los más recientes problemas ambientales del continente se le suma el regreso de estas viejas ideas. Pero la experiencia pasada también nos permite contestarle a los "soñadores de chimeneas": la protección ambiental no es un impedimento al desarrollo, sino que, por el contrario, es una condición indispensable para hacerlo posible. En nuestra América Latina el único camino posible para un verdadero desarrollo debe incluir tanto la calidad de vida como la calidad ambiental.

(*) E. Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad en América Latina).